Tras la agitación geopolítica y la agresión de Rusia contra Ucrania, la comunidad mundial se enfrenta a una cuestión crítica: ¿cómo hacer pagar al agresor? En el centro de esta compleja cuestión se encuentra la noción de confiscación de activos estatales y privados rusos, un tema cada vez más relevante en el derecho internacional.
La urgente necesidad de confiscación
El asombroso valor de los activos rusos congelados en los países occidentales, estimado en un mínimo de 320.000 millones de dólares, sirve de crudo recordatorio de la carga financiera que Rusia debe soportar por sus acciones. Sin perspectivas inmediatas de que Rusia indemnice a Ucrania, unido a la acuciante necesidad de este país de ayuda financiera a corto y largo plazo (más de 350.000 millones de euros para una recuperación total), la confiscación de los activos rusos se perfila como la opción más justa y viable. Los contribuyentes occidentales no deberían ser los únicos responsables de la recuperación de Ucrania, especialmente cuando estos activos pueden utilizarse para hacer frente a la devastación causada por el agresor.
Confiscación de activos privados
Para llevar a cabo la confiscación de la propiedad privada congelada, es esencial un nuevo mecanismo. Este mecanismo debe permitir la confiscación de bienes que no tengan una conexión directa con crímenes específicos. El concepto de confiscación sin condena, aunque no es novedoso en Occidente (por ejemplo, el Decreto Legislativo 159/2011 de Italia, Código Antimafia), ha ganado adeptos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha validado la legalidad de estos sistemas (Raimondo contra Italia, Arcuri y otros tres contra Italia). Un posible motivo de confiscación podría reflejar el enfoque de Italia, dirigiéndose a particulares (oligarcas) afiliados al Kremlin, que contribuyen a su crimen de agresión contra Ucrania y ya están sometidos a sanciones.
Confiscación de empresas estatales
La confiscación de empresas estatales, incluidos activos como los que posee Gazprom, presenta un desafío único. En virtud de la doctrina de la inmunidad funcional, consagrada en la FSIA de Estados Unidos, la SIA de 1978 del Reino Unido y la legislación de otros Estados occidentales, los bienes propiedad de empresas estatales rusas con fines comerciales no gozan de la protección de la inmunidad. Por lo tanto, la confiscación es principalmente una cuestión de legislación nacional. Canadá ya ha adoptado este tipo de legislación, que permite la confiscación de bienes de propiedad estatal en apoyo de su postura contra la agresión.
La doctrina de los poderes de policía y la indemnización
La doctrina de los poderes de policía en el derecho internacional permite a los Estados expropiar activos sin indemnización cuando actúan dentro de los límites de la finalidad legítima y la proporcionalidad. Según la OCDE, el perjuicio económico resultante de una normativa no discriminatoria dentro de los poderes de policía de un Estado no requiere indemnización. Esta doctrina está bien establecida en el derecho internacional consuetudinario, como reafirmó el Tribunal del CIADI en el caso Philip Morris contra Uruguay (párrafos 292-301). Por lo tanto, los Estados occidentales pueden no estar obligados a indemnizar por confiscación en determinadas circunstancias.
Las contramedidas como herramienta jurídica
Aunque los fondos de los bancos centrales y algunos activos estatales dedicados a fines públicos gozan de protección inmunitaria, el derecho internacional reconoce circunstancias especiales que pueden justificar su confiscación. Estas circunstancias, que excluyen la ilicitud, hacen que la confiscación de dichos activos sea legal y legítima.
Las contramedidas, arraigadas en el derecho consuetudinario internacional y codificadas por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, permiten a los Estados desviarse de sus obligaciones, como las inmunidades, para garantizar el cumplimiento del derecho internacional. La prohibición de agresión es una obligación erga omnes ("para todos"), que faculta a cualquier tercer país a tomar contramedidas contra Rusia por su agresión a Ucrania. Las inmunidades pueden levantarse como contramedida para salvaguardar los derechos humanos y defender el derecho internacional, por lo que la confiscación es una contramedida plausible.
Una nueva excepción consuetudinaria
A medida que más Estados adoptan medidas para confiscar bienes rusos en respuesta a una agresión, es probable que cristalice una nueva excepción consuetudinaria para casos de agresión. Este desarrollo reforzaría la legitimidad de tales acciones, reflejando la naturaleza evolutiva del derecho internacional. Las excepciones consuetudinarias han surgido históricamente debido a cambios en la práctica de los Estados, como la excepción comercial simbolizada por la carta de 1952 del Asesor Jurídico en funciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jack B. Tate.
En un futuro previsible, podría crearse un tribunal internacional, acompañado de un mecanismo de compensación. Estas instituciones proporcionarían una legitimidad adicional a las decisiones de los Estados individuales de introducir mecanismos no basados en condenas para confiscar propiedades privadas o estatales. Simultáneamente, las acciones nacionales para confiscar activos pueden ser paralelas a los esfuerzos para establecer un marco internacional.
Apoyo político internacional
El llamamiento a la confiscación a gran escala ha ganado adeptos entre destacados organismos internacionales, como el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El Parlamento Europeo ha contemplado incluso la posibilidad de levantar las inmunidades en respuesta a la gravedad de las violaciones rusas.
La innovadora legislación canadiense permite la confiscación de los bienes de las personas que apoyen y hagan posible una agresión, lo que requiere una decisión judicial para su aplicación. Estonia también está estudiando la posibilidad de incluir un régimen de confiscación en su legislación nacional. Además, la UE está trabajando para clasificar la evasión de sanciones como delito comunitario, lo que permitiría la confiscación de bienes vinculados a orígenes delictivos o a la evasión de sanciones. Sin embargo, sigue siendo incierto si estas medidas proporcionarán un apoyo financiero sustancial para la recuperación de Ucrania.
En conclusión, la confiscación de activos rusos, tanto estatales como privados, presenta un enfoque complejo pero cada vez más justificable para hacer cumplir las obligaciones internacionales. A medida que la comunidad internacional se adentra en este difícil terreno, un cuidadoso equilibrio entre justicia y pragmatismo será crucial para hacer frente a las secuelas de la agresión, al tiempo que se defienden los principios del derecho internacional.
Comments